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¿Un arancel del 70% para las importaciones de café en Colombia?

Algunos sectores de la caficultura recelan del plan propuesto por un grupo de congresistas de regiones productoras al Ministerio de Comercio para imponer barreras tarifarias

Arancel a las importaciones de Café en Colombia
Un hombre acomoda diversas marcas de café en un supermercado en Bogotá (Colombia), en 2017.Nicolo Filippo Rosso (Bloomberg)
Camilo Sánchez

La plana mayor de los representantes a la Cámara de las regiones cafeteras de Colombia ha desembarcado con una petición ante el Ministerio de Comercio para aplicar un arancel del 70% a las importaciones de café de cualquier origen. Alentados por la crisis del sector y por un Gobierno amigo de proteger la industria nacional, los parlamentarios proponen adoptar una salvaguardia comercial y amortiguar una realidad que a su juicio incide en el “precio y la calidad del producto”. El Ejecutivo de izquierdas ya estudia la propuesta y al parecer no la ha echado en saco roto tras haber adelantado modificaciones a las tarifas aduaneras en otros sectores como el de las confecciones y el acero.

La respuesta desde algunos círculos empresariales es de inquietud ante una teórica decisión proteccionista que alteraría tratados comerciales con socios vitales. Es el caso del empresario cafetero Guillermo Trujillo: “Sería una afrenta, promovida por un tema ideológico, con los países socios del Pacto Andino o Mercosur. Esto no es solución de nada porque las importaciones no afectan la vida del caficultor colombiano”. Tras el fin del Pacto Cafetero (1989), que establecía cuotas y regulaba los precios internacionales, el país empezó a forjar tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con otros países productores. Desde entonces se ha importado pasilla de menor calidad, un grano más deteriorado y que ha cubierto buena parte del consumo interno.

Una paradoja. Grandes marcas como Sello Rojo o Águila Roja, entre otras, han vendido millones de libras de café importado de menor categoría a precios bajos a millones de colombianos, que se jactaban de tener uno de los productos más selectos del mundo en casa. La Federación Colombiana de Cafeteros calculaba para 2020 que de los 1,8 millones de sacos que se consumen en el país, 800.000 están compuestos por dicha pasilla proveniente de Brasil, Ecuador o Perú. “Si el Gobierno le pusiera restricciones a la importación”, explica Trujillo, “se acabaría el consumo porque obligaría a los colombianos a tomar café suave de marcas como Matiz o Amor Perfecto, que valen tres veces más en los supermercados”.

La desescalada en la producción constituye un problema añadido. Del promedio de 14 millones de sacos de hace cuatro años, hoy se ha pasado a unos 11 millones. No en vano los caficultores se han manifestado por las ásperas condiciones en el campo, donde los altos costos de producción y los escasos beneficios configuran un panorama espinoso. Por eso los 18 representantes de diferentes partidos provenientes de departamentos como Tolima, Risaralda y Caldas convocaron hace un mes a un debate parlamentario para discutir la precariedad en la que se hallan unos 550 municipios que dependen de la industria cafetera.

Entre ellos se hallaba Carolina Giraldo, del centrista Partido Verde y congresista por el departamento de Risaralda: “Los caficultores están muy agobiados por los bajos precios del café. Tenemos un problema porque mucho de lo que está llegando es de contrabando, y el que llega de forma legal de Ecuador, por ejemplo, se vende a un precio mucho menor. Todo esto desincentiva la producción del café local”. Pero Felipe Robayo, exsubgerente de la Federación Colombiana de Cafeteros, entiende, por el contrario, que el incremento al arancel propuesto por Giraldo y otros congresistas podría ser contraproducente: “Me parece que no se justifica y creo que podría incluso ejercer presión sobre la inflación”.

Colombia importó en 2021 unas 109.000 mil toneladas de café verde, principalmente de Brasil, Perú y Ecuador. El año pasado los números subieron a las 149.000 toneladas, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial del Comercio. Y entre enero a agosto de este año, según cifras del DANE, la actividad se ha visto diezmada y llega a un estimado de 57.000 toneladas. La razón, explica Felipe Robayo, es que las condiciones de mercado del año pasado fueron singularmente favorables para importar café barato de Brasil, que luego se mezcló con el colombiano para reexportarlo al doble o el triple de precio.

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Ningún argumento que convenza al economista Aurelio Suárez, uno de los impulsores del arancel: “Las importaciones de café han sido claramente negativas para el mercado interno a lo largo de los últimos cinco años”. De entrada, considera insólito que el país traiga cargas de otros lugares. Y se queja de que no exista certeza sobre qué volúmenes “atendieron el mercado interno, y cuánto fue reexportado por firmas nacionales o multinacionales como Nestlé”.

De acuerdo con sus cálculos, en los últimos cinco años se han importado unos 8 millones de sacos de café, sin contar lo que ha entrado de contrabando: “Una persona con pleno conocimiento del sector, me dijo que de cada millón de dólares que se comercian en la caficultura colombiana, 150.000 van para lavado de dinero”. Habla de una “descomposición” del mercado. Guillermo Trujillo, columnista del diario La República, incide sin embargo en que se trata simplemente de un problema de enfoque político del Ejecutivo de izquierdas que terminaría por afectar el bolsillo del productor.

La última palabra sobre los aranceles la tendrá el Ministerio de Comercio, en cabeza de Germán Umaña. El jefe de la cartera ya ha abierto una investigación para evaluar los riesgos expuestos por congresistas de formaciones tan diversas como el Partido Liberal, los Verdes, Cambio Radical o el Centro Democrático. La figura de “salvaguardia comercial” con el máximo arancel posible forma parte del recetario legal de la Organización Mundial de Comercio como medida de defensa comercial frente a “distorsiones o prácticas desleales, que causen un perjuicio o daño importante a la rama de producción nacional o le impide competir en condiciones de igualdad”, se lee en un comunicado del Ministerio de Comercio fechado el 20 de octubre.

“Si introducimos 2 millones de sacos extranjeros a un mercado que produce 11″, concluye Aurelio Suárez, “lo que estamos haciendo es aumentar la oferta disponible y bajar el precio. Eso es lo que pasó con el trigo, la cebada o el maíz. Además, como no hay trazabilidad de lo que entra, corremos enormes riesgos sanitarios para los cultivos porque podemos estar trayendo enfermedades y ponemos en juego la reputación de nuestra taza de café suave”.

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Camilo Sánchez
Es periodista especializado en economía en la oficina de EL PAÍS en Bogotá.
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